La Intendencia de Salto a través de un decreto de la Junta Departamental dispuso la prohibición del uso de la pirotecnia sonora, ya sea con destino a uso doméstico, así como en espectáculos públicos, en eventos privados y en cualquier otra actividad.
En el mismo sentido, también se prohibió la comercialización y la venta de productos o artículos de pirotecnia sonora, algo que afectará a quienes se dedican al comercio de estos productos.
Este tipo de artículos se adquieren con frecuencia en la zona fronteriza del departamento, punto donde se compran principalmente para luego vender en zonas comerciales.
El trabajo para llegar a esta prohibición fue llevado adelante por ediles de diferentes partidos, como los del Partido Nacional, Augusto Bonet, Susan Saravia y Enzo Molina, y del Frente Amplio. Pablo Alves.
El hecho fue informado a El País por el intendente de Salto, Andrés Lima, quien también mencionó las multas que serán aplicadas. Frente al incumplimiento de este decreto, está previsto que se evalúe el monto a pagar dependiendo de la gravedad y la reiteración del hecho.
Los montos van desde 5 Unidades Reajustables (UR), que en base al valor actual equivale a $ 6.685, hasta un máximo de 350, lo que implica un total aproximado de $ 467.000.
Lo recaudado por el concepto de estas multas aplicadas en caso de incumplimiento, tendrá como destino tres puntos que se medirán en función de la necesidad de los beneficiarios.
«Será, por un lado, destinado a financiar una campaña de concientización en la población para no utilizar este tipo de pirotecnia sonora. Un segundo destino de lo recaudado por estas multas serán las instituciones que trabajan con personas autistas en el departamento. Mientras que el tercer destino, serán las instituciones protectoras de animales», detalló el intendente.
Lima señaló además que el decreto fue votado por unanimidad de los ediles blancos, colorados y frenteamplistas que son los que tienen representación en la Junta Departamental de Salto, y que comenzará a aplicarse de manera inmediata.
Por otra parte, el jefe comunal destacó que la comuna salteña será la encargada de fiscalizar su cumplimiento, así como la que aplique las multas y la que dará curso al destino de lo recaudado.