La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió suspender la resolución del 12 de agosto por la cual se había dispuesto el cierre de 20 juzgados de Paz en el interior del país, y que generó un rechazo generalizado por parte de legisladores blancos y asociaciones civiles.
La corporación emitió una nueva resolución que suspende la anterior medida. No obstante, la SCJ deberá conseguir los recursos necesarios para mantener en funcionamiento las sedes cuyo traslado se había dispuesto en los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.
Lo que la Suprema Corte pretendió llevar adelante con la acordada 8119 era una reorganización de los territorios jurisdiccionales, con la finalidad de optimizar la distribución de los recursos humanos, materiales y presupuestales. De acuerdo a las fuentes consultadas por El País, la corporación no está actualmente en condiciones económicas como para que las 20 oficinas en cuestión puedan continuar operando en edificios propios.
En contra de la decisión que ahora se anula se habían manifestado el senador blanco Sergio Botana —oriundo y exintendente de Cerro Largo— y los diputados también nacionalistas Diego Echeverría (Maldonado) y Mario Colman (Colonia).
Los representantes habían pedido que los ministros de la SCJ comparecieran en forma urgente al Parlamento. “Entendemos que eso sería un retroceso para el funcionamiento de la Justicia en el departamento, complicando a los profesionales, funcionarios y a los usuarios” dijo por ejemplo Echeverría.
Botana, por su parte, había dicho a la prensa que “quienes toman estas decisiones no están en el Uruguay y no entienden lo importante que es la existencia de los juzgados de Paz en el interior profundo”.
El Colegio de Abogados del Uruguay fue otro de los actores que se opusieron a la medida. Mediante una carta dirigida a la Corte manifestaron “su sorpresa” por una decisión que a su criterio “produce un fuerte impacto» en su profesión y en el acceso a la Justicia, y pidieron también una reunión virtual con los ministros.
El presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde, afirmó a radio Montecarlo que “se realizan cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al gremio que los representa”, y que el gremio no encontraba “razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios”.
“No se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte, lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100 mil personas”, concluyó.
