La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) convocó a una conferencia de prensa tras producirse la muerte de una adolescente de 14 años a raíz de un aborto.

Según la información de Las Lilas (Red de acompañamiento feminista en aborto de Uruguay), una adolescente de 14 años que había iniciado el proceso legal de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los servicios públicos del departamento de Treinta y Tres, falleció por septicemia en el hospital de la capital departamental.

Luego de haber cumplido con el procedimiento que exige la ley, a la semana de abortar ingresó a la emergencia hospitalaria y falleció a las 24 horas.

«En la segunda semana de enero confirmamos que fue reportado el fallecimiento al Comité de Muerte Materna que funciona en la órbita del Ministerio de Salud, y que se ha hecho la denuncia en el sistema judicial por parte de la familia. Importa recordar que las causas que generan muertes durante el embarazo, parto, aborto o puerperio son, en general, evitables si se actúa adecuada y oportunamente desde los servicios de salud», informa el comunicado.

«Quienes bregamos muchos años para que el aborto fuera seguro, legal, accesible y atendido de forma integral en el marco de servicios universales de salud sexual y reproductiva, hemos advertido en muchas oportunidades que tener una ley era necesario pero no suficiente. En el seguimiento a la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hemos podido corroborar que el Sistema de Salud incorporó los servicios en todo el país (por lo menos en sus capitales departamentales y ciudades más numerosas) y que más de 65.000 mujeres en estos años transitaron sus abortos en servicios legales y con protección de su salud, como debe ser. Pero también hemos insistido en reiteradas ocasiones que hay falencias, problemas y vacíos que no han sido corregidos ni debidamente controlados para superar los obstáculos y mejorar la respuesta», continúa la ONG.

 

Agrega que «con mucho dolor» les toca hacer pública esta situación. «Nos impacta el silencio ante lo sucedido; esperamos de las autoridades el compromiso público de llegar hasta las últimas consecuencias para explicarle a la familia y a la sociedad toda, qué fue lo que sucedió».

Desde 2016 el país no registraba una muerte por aborto y «es inaudito que pase con una adolescente a la que los equipos y servicios deberían haber atendido con mayor esmero y cuidado».

La ONG agrega que «no hay palabras para consolar a su familia y amistades y esta muerte no debería quedar impune». «Necesitamos saber qué pasó, qué medidas reparatorias van a tomarse con la familia, qué sanciones se aplicarán a quienes sean responsables y qué correcciones tendrán los servicios para prevenir otra terrible situación como ésta. Ya es hora de que hablemos nuevamente de aborto en nuestro país porque lejos estamos de haber resuelto el problema», señala.

Para Las Lilas, el Poder Ejecutivo «tiene responsabilidad y la dirección de ASSE en particular porque esto sucedió en sus servicios, aunque en los privados también habría que tomar medidas porque no están exentos de problemas». «El Legislativo debería asumir la tarea de velar por el cumplimiento de la ley que promulgó y hacerse cargo de los problemas para corregir sus errores. El sistema judicial tiene en sus manos la denuncia y es el que debería asegurar justicia. Advertimos que no estamos dispuestas a recibir amenazas de retroceso como han anunciado algunos políticos, ya es hora de que se respeten y garanticen nuestros derechos porque nuestra seguridad, libertad y autonomía no son negociables», concluye.

Desidia

Lilian Abracinshas, directora de MYSU, dijo a Montevideo Portal que ya en diciembre les habían notificado de una situación compleja en Treinta y Tres y que se comunicaron inmediatamente con el MSP para ver si estaba confirmado que se trataba de una muerte por aborto. El MSP respondió que no tenía notificación alguna.

«Seguimos tratando de averiguar y era una situación bastante confusa. Cuando volvimos el 11 de enero a insistir, en el MSP nos confirman que sí había sido notificada e ingresada al Comité de Muerte Materna y que estaba bajo investigación, además de que había una denuncia realizada en Fiscalía», comentó.

Abracinskas dijo que se trata de la primera muerte dentro del sistema legal, ya que el fallecimiento ocurrido en el 2016 se dio en el circuito clandestino.

La directora aseguró que les impresiona que no haya habido una alerta de las autoridades por esta situación. «Veníamos indagando cómo afectaba la situación de Covid a los servicios, porque en otros países ha habido problemas. Notamos en Uruguay demoras, negligencias y maniobras para dejar a algunas mujeres afuera del plazo, todas situaciones complejas pero ninguna de esta entidad. Nos llama la atención que habiéndose notificado al MSP en diciembre de esta sospecha de muerte por aborto, no se pronunciase ni hiciera una intervención directa, y quedara a la espera de la notificación de la denuncia. Que no haya habido alerta a las instituciones de salud es inconcebible, que no hubiera una señal de preocupación para todos los prestadores, para que prioricen que los servicios no demoren ni se interrumpan», puntualizó.

Sobre este caso en particular, dijo que aún no es claro cómo se produjo la muerte y que por eso se piden explicaciones. «Tenemos entendido que se tardó mucho en la valoración y que el ginecólogo hizo solo apreciaciones por teléfono al principio», dijo, pero aclaró que desconoce si esto fue por precauciones por la COVID-19.

Uso político

«Hemos estado tratando de que la situación no sea usada ni para estigmatizar a la chiquilina fallecida, tener cuidado y sensibilidad con la familia por el horror vivido y poner énfasis donde hay que ponerlo: venimos denunciando desidia de las autoridades en relación al control de calidad y la universalidad de los servicios desde hace mucho», dijo Abracinskas.

«Hemos hecho en 2020 un intento por contactar a las autoridades sanitarias porque hay que prestar atención a la situación: donde no haya acompañamiento debido, información y previsión de posibles complicaciones puede pasar algo así en cualquier momento. Hay una desidia y poco énfasis en buscar la atención de servicios y en la preocupación de la política sanitaria en general y en la situación de pandemia en particular. Esperamos que no se use como chicana para poner el foco donde no hay que ponerlo», agregó.

«Lo que hemos dicho es que las limitaciones, complicaciones y exigencias que puso la ley para que los parlamentarios pudieran quedarse tranquilos se convirtieron en barreras, obstáculos que perjudican a quienes están en situación de más vulnerabilidad», señaló, y agregó que es lamentable que se llegue a una situación como esta para que se preste atención al tema. «No puede ser que la vida de las mujeres acá y en el mundo importe tan poco que no hay atención hasta que ocurre una desgracia», se lamentó.

Consultada sobre si estos problemas de desidia fueron notados en el último año o debido a la pandemia, la directora replicó que ya desde la administración anterior se había percibido Comentó que el expresidente Tabaré Vázquez no tocó la ley pese a no estar de acuerdo con ella, «pero no tocar una ley no es sinónimo de dar la voluntad y recursos políticos necesarios».

«Esto nos pasa en todos lados, que la voluntad política depende de la opinión de un líder o la persona de más poder. Eso determina el énfasis, política, la voluntad. No es solo de ahora. En la administración anterior se hizo lo mínimo y no se priorizó, no se evaluó o trató de corregir los problemas», afirmó Abracinskas.

«Todos los poderes del Estado están involucrados y deben dar cuenta de si en este caso hubo negligencia, mala praxis, malas actuaciones, dónde, cómo, con quién y determinar las sanciones y conductas reparatorias. La Justicia tiene en sus manos la denuncia y debe profundizar que sea clarísima la señal de que los servicios legales son obligatorios y se debe proteger a las mujeres amparadas en ellos», concluyó.

Fuente : Montevideo Portal